17.3.10

PORCENTAJES

Hace unas semanas la Asamblea Amarica puso en marcha una mesa de encuentro, de debate, sobre el asunto del uno y del dos por ciento cultural. Como algunos sabréis la ley obliga a que un porcentaje del presupuesto de las obras públicas se invierta en la realización de obras de arte. Y la Asamblea invitó el otro día a todas las instituciones públicas afectadas por esa ley para intentar arrojar luz a este asunto. Hagamos memoria: hace más de un año y dentro de la Asamblea se creó una comisión dedicada únicamente a estudiar todo lo relativo a este porcentaje cultural. Y este grupo ha estado trabajando estos meses, recabando información, intentando –en definitiva- averiguar porque se incumple esta ley. Su intención no es la de pleitear contra nadie, sino ir de “buen rollo”, intentando aportar soluciones, buscar herramientas, fórmulas, ejercer de mediadores, pues se entiende que a todos los departamentos de cultura les interesa poner en marcha la normativa en cuestión. Y más ahora, en estos tiempos de crisis, tiempos en los que todas las infraestructurales culturales públicas han sufrido cuantiosos recortes presupuestarios.
En ese espacio de debate puesto en marcha por la Asamblea, algo se avanzó. Por lo pronto, descubrimos que la normativa municipal de Vitoria -que habla de dedicar no el uno, sino el dos por ciento, de los presupuestos urbanísticos, destinados a la adquisición de obra artística- legalmente no tiene por qué ser cumplida. Es decir: hay una obligación moral, digamos política, pero no legal de asumir ese compromiso. Y también nos enteramos de lo siguiente: cuando el Ayuntamiento construye un nuevo barrio, se crea una especie de compañía privada llamada “Junta de compensación” que se encarga de urbanizar esa nueva zona con el dinero que aporta la Municipalidad. Por tanto, la “obligación” de asumir ese porcentaje recaería sobre esas juntas. Aunque ahí hay un problema: la normativa europea dice que sí, pero la española parece ser que dice que esto no es así.
Pero lo que sí quedó muy claro en esa reunión puesta en marcha por la Asamblea Amarica es que nuestra Diputación está obligada por ley a cumplir con la aplicación del uno por ciento cultural. E incluirlo en los presupuestos anuales que se aprueban en las Juntas Generales. Y eso no se hace. Y se entiende que no es porque no se quiera, sino porque la aplicación de esta ley es compleja. Aunque otras instituciones (Gobierno Central y el Gobierno Vasco) sí cumplen con esta ley. Quizá no siempre. Y quizá tampoco de la manera adecuda, pues muchas veces se dedica a la restauración de patrimonio, o a decorar equipamientos… Pero dejan queda claro que sí hay fórmulas, mecanismos, para su aplicación. Y sería interesante seguirles la pista, ver cómo otros organismos públicos consiguen que ese porcentaje repercuta positivamente en la cultura, un sector que, repetimos, ahora mismo está sufriendo más que ningún otro las consecuencias de la crisis económica.